POR UNA SOCIEDAD LIBRE

//POR UNA SOCIEDAD LIBRE

POR UNA SOCIEDAD LIBRE

El 6 de diciembre celebramos el 40 aniversario de la Constitución Española, el pacto institucional que nos ha permitido vivir en un régimen de paz y libertad durante todo este tiempo. Una de las partes centrales de la misma es el reconocimiento de un catálogo de derechos en favor de los ciudadanos, entre los que destaca especialmente, por su directa conexión con el desarrollo de la dignidad humana y con la igualdad, el derecho a la educación. Efectivamente, su artículo 27, tras consagrar el derecho a la educación y reconocer la libertad de enseñanza, proclama el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y favorece la libertad de creación de centros docentes.

El pasado 15 de octubre el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el texto de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, aprobado por unanimidad por las Cortes regionales. Se trata de una norma que, en términos generales, no sólo resulta necesaria, sino que, además, puede contribuir a mitigar la lacra de la violencia contra la mujer y a apoyar eficazmente a las víctimas de la misma. Sin embargo, un análisis en profundidad de algunos de sus contenidos permite llegar a la conclusión de que, de aplicarse estos hasta sus últimas consecuencias, la libertad puede verse gravemente cercenada.

En primer lugar, parte de un enfoque excesivamente restrictivo –la violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de discriminación y de desigualdad “en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”–, e introduce conceptos como el de “violencia simbólica”, referida a la relación de dominación de las mujeres por los hombres, que llevan a considerar que la única causa de la violencia radica en el machismo estructural. Se consolida así un falso binomio hombre (violento)-mujer (víctima), y se dejan de lado otras muchas causas que están en el origen de tal violencia, tales como la desestructuración de las familias o la hipersexualización de la sociedad.

En segundo lugar, se incorpora esta visión sesgada en una asignatura, obligatoria en primaria y secundaria, que busca concienciar a nuestros niños y adolescentes sobre la importancia de los valores de la igualdad, el respeto y la diversidad. Algunos de los contenidos de la misma (que, desde el año pasado, se encuentra en fase de pilotaje en una treintena de centros de nuestra Región) chocan frontalmente con el derecho de los padres, reconocido en la Constitución Española, a que sus hijos reciban una educación que sea conforme con sus convicciones morales y religiosas. Efectivamente, integran como aspecto esencial la educación afectivo-sexual y entran de lleno en la conciencia de nuestros hijos y en la construcción de su personalidad. Llama la atención, igualmente, que se incluya la incorporación obligatoria en los currículos de historia del origen, el desarrollo y los logros del movimiento feminista y de historia de las mujeres, como si tal movimiento fuera único y la historia de “las” mujeres –no de concretas mujeres– un objeto de estudio homogéneo.

En definitiva, la Ley no es aséptica ni busca, con objetividad y voluntad de colaboración de todos los actores implicados, luchar contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Por el contrario, está fuertemente influenciada por la llamada ideología de género que, lejos de contribuir a la igualdad de la mujer desde la naturaleza de las cosas y el ser de las personas, parte de fundamentos filosóficos, psicológicos y biológicos que no responden a la verdad.

La lucha contra la discriminación de las mujeres y la erradicación de la violencia ejercida sobre ellas no pueden llevarse a cabo desde el enfrentamiento y la condena del hombre por ser hombre, la reconfiguración de las conciencias de los niños, la ruptura de la relación entre sexo (varón o mujer) y personalidad o la privación de los derechos de los padres sobre los hijos.  El odio, la falsedad y la confusión sólo generan efectos perversos. Implantar todo ello como parte del currículo educativo es contrario a la Constitución.

Desde Libres para Educar a Nuestros Hijos nos ofrecemos a colaborar en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, sin ideologías, desde la búsqueda del bien común y del bien individual de las personas que sufren. Pero no renunciamos a seguir defendiendo la libertad, la auténtica libertad –en el ámbito educativo y en todos los demás–, que ha de partir  siempre de la búsqueda de la verdad y no desde la imposición de una concreta ideología contraria al hombre y a la mujer. Sólo así puede construirse una sociedad verdaderamente libre.

2018-12-06T20:57:20+00:00