LA LOMLOE O CÓMO ANTEPONER LA CRISPACIÓN POLITICA  A LA EDUCACIÓN.

Estamos asistiendo a la acelerada aprobación de la octava reforma educativa en los últimos 40 años. No hace falta ser un experto para saber que la educación, por su importancia, necesita un marco legal estable, que –como puede verse– no se ha dado nunca en España; la aprobación de una nueva ley orgánica, que es el marco legal del que colgará toda la legislación posterior estatal y autonómica, precisa  un nivel de consenso mínimo, cosa que tampoco se ha dado ni se está dando en esta reforma, y un proceso sosegado y dialogante de elaboración, exigencia que también brilla por su ausencia. Si bien la norma se elaboró hace ya alrededor de dos años (no olvidemos que en este periodo ha habido dos elecciones generales), la actual tramitación parlamentaria está siendo realmente acelerada y su evolución va pareja a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El gobierno ha conseguido consolidar la mayoría política de su investidura y la aprovecha para la aprobación de estas dos normas fundamentales o quizás sea mejor decir que gracias al contenido de estas dos normas está consiguiendo consolidar la mayoría política de la investidura.

Esta apuesta política está teniendo una repercusión negativa en el ámbito educativo, con sus inevitables consecuencias:

  • Se olvida que en la educación deben primar los consensos sobre las mayorías.
  • Da la sensación de que se está utilizando la educación como moneda de cambio para conseguir acuerdos en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Hay un tercer efecto todavía más negativo: en lugar de ser la comunidad educativa la que inspire el buen hacer de la realidad política a la hora de establecer la programación general de la enseñanza, es la crispación política la que parece inspirar las tomas de postura de algunos componentes de la comunidad educativa llegándose a dar el caso de que hay organizaciones, asociaciones y sindicatos que están a favor o en contra de un disposición en función de quien lo pida y no en función de su contenido y de lo beneficioso o perjudicial que pueda ser para la educación.

Todo ello hace que el debate social y político sobre temas que son importantes se polarice, pero son solo una parte del problema educativo español, creando además controversias que no deberían existir o que incluso son más irreales de lo que parecen.

Estos días están siendo noticia en todos los medios la controversia distorsionada entre la educación pública y la concertada, la educación especial, la educación diferenciada, la clase de religión, el establecimiento del castellano como lengua vehicular… Son temas sobre los que es fácil crear una polarización de la opinión pública y un enfrentamiento político crispado, con mucho titular periodístico, pero que no sirven para llegar a un debate serio sobre los problemas de fondo de la educación. Veamos solo alguno de los más importantes.

  • Primer problema: Libertad e igualdad (o mejor equidad, si de educación estamos hablando), son los dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el sistema democrático y sobre los que debería asentarse la programación general de la enseñanza. A pesar del art. 27 de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que deberían señalar el marco en el que debemos movernos, las distintas reformas educativas nunca han llegado solucionar el problema. Una enseñanza de calidad necesita caminar sobre estos dos principios, el predominio de uno sobre el otro crea una cojera incompatible con una educación de calidad.
  • Segundo problema: cuando llegó al poder Zapatero, casi lo primero que hizo fue anular la aplicación de la reforma educativa impulsada por el PP; cuando el gobierno de Rajoy impulsó la llamada Ley Wert, las autonomías del PSOE torpedearon su aplicación; en estos momentos las autonomías del PP ya están anunciando cómo van a evitar la aplicación de la Ley Celaá. Estamos en un Estado Autonómico en el que incumbe al Estado central la programación general de la enseñanza, pero existe una amplísima cesión de competencias en materia educativa a las autonomías. Ya dijo Romanones, “haga usted las leyes, que yo haré los reglamentos”. ¿Hay alguien en su sano juicio, esto es, sin estar obsesionado por las bondades de su planteamiento ideológico, que crea que es posible aplicar una Ley Educativa sin acuerdo entre las principales fuerzas políticas que gobiernan en las distintas autonomías?. La importancia del contenido de las competencias autonómicas exigen un acuerdo global en educación.
  • Tercer problema. Ocultar los problemas de la educación creando un enfrentamiento que no debería existir entre educación pública y privada. Toda educación sostenida con fondos públicos, es decir, con los impuestos de todos, es pública, la diferencia realmente está en que en una la titularidad del centro la tienen directamente los poderes públicos y en la otra obedece a la iniciativa social. Plantear una problema de subsidiariedad entre ellas, en la dirección que sea, es un enfoque erróneo. En la realidad educativa hay fortalezas y debilidades en las dos soluciones; la principal debilidad es la falta de una financiación adecuada, conforme al PIB que es capaz de generar un país. Pero en otros muchos aspectos las fortalezas y las debilidades de cada una de las soluciones son distintas, por lo que una mayor calidad educativa exige el trabajo conjunto de las dos formas de afrontar la educación. Además muchas veces hay muchas más diferencias en muchos aspectos entre dos centros de titularidad pública o entre dos centros concertados, que entre centros de titularidad pública y centros concertados. Es una comparativa que obedece más a planteamientos ideológicos extraeducativos que a la realidad existente.
  • Cuarto problema.- El éxito educativo. España es un país con unas cifras preocupantes de abandono escolar y de fracaso escolar. En los países de nuestro entorno se está avanzando en una política, parece que acertada, de evitar la repetición de curso. El paso de nuestro actual sistema, con un excesivo número de alumnos que repiten a otro en el que se facilite la promoción, no puede basarse casi únicamente en pasar a titular con una o varias asignaturas suspensas. Exige un profundo debate y un cambio de mentalidad de prácticas muy arraigadas que no se pueden cambiar simplemente cambiando unos artículos de una ley.
  • Quinto problema.- La Ley Celaá nace como una ley obsoleta. Se planteó como una forma rápida de derogar la LOMCE, volviendo a la LOE, que a su vez también modifica. Su redacción se realizó antes de la pandemia del Covid, pandemia que ha transformado totalmente la educación de tal forma que se puede hablar de un antes, al que no se volverá, y un después que todavía no está muy claro, pues se han producido avances extraordinarios en la digitalización de la educación, pero al mismo tiempo se han abierto muchos interrogantes y no es el menor la importancia de la educación online, cuando no sea necesaria por haber acabado la pandemia, como complementaria de la educación presencial. En su debate parlamentario no se ha abordado el problema con la intensidad necesaria, pues nos encontramos ante una realidad totalmente nueva que hay que estudiar en profundidad y ya hemos señalado las prisas legislativas que hay.

Es solo una muestra. Vemos cómo la realidad política parece ir por un lado y pone a su servicio un tema tan importante y tan sensible como la educación de nuestros hijos. No se trata de imponer, en educación nunca puede haber vencedores y vencidos. Quien crea que basta con conseguir una mayoría que apruebe una ley orgánica, pero que con el próximo cambio político estaremos de nuevo en la casilla de salida, se encuentra profundamente equivocado y estará hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos y la posición de España entre los países avanzados.

Miguel Ángel López Luengos
Miembro del Consejo Escolar del Estado
Libres Toledo